La situación que atraviesa el Relleno Sanitario de El Inga finalmente pone al descubierto una de las mayores amenazas en salud socio ambiental en el Ecuador y visibiliza la urgencia de proponer alternativas estructurales en el tema de “desechos”.
Según el censo realizado por el MIDUVI en el 2007, sólo el 30% de la basura generada se dispone en buenas condiciones, por lo que el 70% restante se arroja en cuerpos de agua, quebradas, terrenos baldíos y basureros clandestinos. El basural de Portoviejo, ubicado a 2.5 km del centro de la ciudad en la vía a Calderón, constituye un claro ejemplo de la desvinculación del Estado y los gobiernos locales en los procesos de tratamiento de Residuos Sólidos (RS).
Pese a la existencia de un convenio firmado entre la I. Municipalidad de Portoviejo y la “Asociación de Recicladores 17 de Septiembre”, en marzo de 2009, en el que la Municipalidad se compromete a atender a los recicladores/as priorizando a los 98 niños/as y sus familias a través de restituir sus derechos en salud, educación y recreación generando procesos de fortalecimiento organizativo para la coordinación del sostenimiento y manejo de botadero municipal, en la práctica la situación es extrema.
Hectáreas de basura sobre basura, biogás en forma de niebla adormece las historias de familias enteras que viven en medio de la violencia y el desecho de una sociedad que oculta con descaro la irracionalidad de su sistema.
Niños/as jugando con desechos biopeligrosos, seres humanos peleando con perros por comida descompuesta, animales pastando en medio del desecho que se incendia en su propio gas. No existen palabras suficientes para transmitir la indignación frente a la impavidez con la que se ha naturalizado que nuestros hermanos y hermanas recicladores/as sostengan modos y estilos de vida que los coloca a nivel de “basura humana”.
El diagnóstico del estado actual del botadero municipal elaborado por el Arq. Pedro Vélez, director de Planificación del Municipio de Portoviejo, expone los siguientes problemas: la disposición de desechos se ha extendido a la vía de acceso; existe infraestructura absolutamente deteriorada, en condición de abandono, que está siendo utilizada (con autorización del municipio) por los recicladores/as para la clasificación, estos espacios constituyen a su vez criaderos de animales; ausencia de iluminación para el trabajo nocturno; depósito realizado por vehículos de instituciones y particulares; recicladores/as trabajando sin protección, sin atención en salud, sin acceso a educación; niños/as trabajando con sus padres y en contacto con desechos biopeligrosos; no existe control de vectores; presencia de animales: perros y vacas; viviendas en el sector; equipos inadecuados para el manejo (no existen carros de recolección suficientes ni un tractor adecuado); ausencia de manejo de biogás y lixiviados; los centros de acopio de material reciclado se disponen en la vía principal.
La Dirección de Higiene y Aseo es la encargada de la recolección de desechos utilizando para ello 7 carros compactadores y 8 volquetas, luego de disponer estos desechos en el basural, una cargadora frontal trabaja 4 veces por semana en el desalojo de residuos, ahí termina el trabajo del Municipio.
Entonces inician las historias que quitan el sueño y nos roban la esperanza, las inequidades estructurales que sostienen relaciones violentas y de explotación que juegan en medio de la “ley de muerte” impuesta por el capitalismo en un marco de “pseudolibertad”, en la dicotomía “excedente-escasez”.
A 600 km de distancia, el proyecto de relleno Sanitario de El Inga evidencia el otro lado del desecho, la privatización y fragmentación en el manejo de RS de una metrópoli que con 2’000.000 de habitantes genera un promedio de 1.500 toneladas de basura diarias.
Cuestionar el modo de procesar la basura es oponerse al modo de producción y de reproducción del capitalismo, es cuestionar la privatización y las tasas de servicios ambientales que responsabilizan a toda la ciudadanía de un nivel que no le corresponde encubriendo a los verdaderos responsables de costear el monto total de operación de la basura.
En diciembre de 2002 y con el cierre parcial (aún no se ha hecho un cierre técnico) del “Botadero de Zámbiza” en el sector de Poroto Huayco, inicia el proyecto de Relleno sanitario en el Inga Bajo, manejado hasta el año 2005 por la Corporación de Construcciones y Servicios (CORPCYS), filial del DINE.
En noviembre del 2006, la Municipalidad, la Corporación de Salud Ambiental de Quito, Fundación Natura y Natura Inc. suscribieron el contrato de construcción operación y manejo del relleno sanitario de Quito y transporte de los desechos sólidos desde la Estación de Transferencia N° 2 hasta el relleno sanitario, fijándose un plazo del contrato de 15 años, y las tarifas por disposición: USD 6,22 por tonelada; por tratamiento de lixiviados y gas: USD 0,71 por tonelada; y por transporte USD 0,11 tonelada kilómetro.
Adicionalmente, el manejo de escombreras está a cargo de EMOP (Empresa Municipal de Obras Públicas), de los Aceites se encarga la empresa privada BIOFACTOR y de los filtros INCINEROX.
La fisura en la piscina N. 6, de las 19 que existen en el relleno evidencia la negligencia en el manejo de lixiviados, en “El Inga Nº 2 se acumulan 106 000 m³ de lixiviados, de ellos, solo 50 m³ han recibido el debido tratamiento para posteriormente ser desalojados al río Inga, cuando el promedio diario de despacho debiera ser de 200 metros cúbicos. Los tanques de almacenamiento se encuentran sobre los límites de seguridad (3 800 m³) por lo que corren el riesgo de desbordarse durante el invierno y cuatro piscinas no funcionan pues también tienen fisuras. Existe además un pasivo ambiental de la primera fase del relleno operada por CORPCYS, El Inga 1, que no ha recibido un proceso de cierre técnico, y ha dejado 150 000 metros cúbicos de lixiviados sin tratar, responsabilidad asumida por Natura Inc. en Enero de 2008” .
Sin embargo, la situación del relleno Sanitario aborda problemas mucho más complejos: actualmente el biogás es quemado en mecheros cuando podría ser recuperado y utilizado como alternativa energética, las comunidades vecinas, afectadas por los impactos socio ambientales no han recibido las compensaciones ofrecidas, no existen procesos de monitoreo ciudadano, participación y empoderamiento de las comunidades quienes ni siquiera conocen en qué se han invertido los USD 32.000 de los USD 155.000 que se recaudan en un fideicomiso para obras de mitigación ambiental.
La situación del manejo de RS en el Ecuador debe considerarse en emergencia y requiere del trabajo integrado entre Municipios y Ministerios de Ambiente, Salud Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda.